En estas semanas, en las
que nos estamos viendo y sintiendo devorados por violentos incendios, es
necesario disipar el humo para no caer en simplistas demagogias.
Antes de ninguna otra
afirmación, es justo decirles a todos y cada una de las personas afectadas,
directa o indirectamente, por acción u omisión, que están en su derecho de
alzar la voz, de reivindicar más medios, de protestar sobre los comportamientos
de unos y de otros, de solicitar todas las ayudas que consideren oportunas, de gritar
para exigir responsabilidades a quienes crean conveniente, de llorar. Ellos no
pueden ni ser silenciados ni ser censurados por expresar su dolor e
incertidumbre desde el calor de las cenizas que, aun humeantes, están pisando.
La solidaridad del resto de ciudadanos, en sus más diversas formas, debería ser
un torrente que les ayudase a mitigar de alguna manera su dolor extremo.
Sin embargo, no debemos
olvidar que el Estado español es un estado configurado por 17 autonomías y 2
ciudades autónomas. Que, según recoge la Constitución, se crearon para hacer
más próxima la administración de bienes, materiales y soluciones de problemas
realmente propios y cercanos a la ciudadanía. De ahí que, cada Comunidad
Autónoma, cada Ciudad Autónoma es también Estado: se llamen como se llamen. Da
igual que hablemos de Melilla como de la Generalitat Catalana o Valenciana, de
Ceuta o del País Vasco. TODOS SON ESTADO.
Nuestro problema como
sociedad democrática que ha elegido este sistema territorial tan beneficioso
para sus ciudadanos, reside en que sus dirigentes se creen encontrar en plena
edad media, cuando los reinos de taifas se multiplicaron. Así tenemos 19
representantes políticos con sus respectivos gobiernos que rigen las distintas
administraciones públicas territoriales, creyéndose que son independientes del
Estado español. Y los ciudadanos de a pie, que sí somos demócratas y creemos en
la fortaleza de la Constitución y del Estado de las Autonomías, observamos
atónitos cómo juegan entre ellos a “tensar la cuerda” para que se rompa por el
lado del contrincante, y así sacar rédito político.
Este es el gran problema de
nuestro país en pleno siglo XXI. Las rencillas partidistas entre los distintos
representantes políticos, a costa del bienestar, e incluso la vida de los
ciudadanos -como vimos con la Dana el levante y como estamos observando en
estos sufridos días de este mes de agosto-. Como dirigentes, se arrogan una
desvinculación respecto del Estado que no es Constitucional ni cierta. Y le
exigen exactamente eso que ellos deberían haber ido gestionando a lo largo de
la o las diferentes legislaturas.
Siempre hay tiempo para
que llegue la rectificación, el cambio de esta absurda y asesina estrategia. El
problema es que nuestros políticos actuales tienen una mirada tan a medio plazo,
tan corta hacia los problemas comunes por los que realmente deberían
preocuparse y solucionar, que prefieren aguas y humos que lanzar al
contrincante político, a reconocer que sus gestiones están siendo nefastas. De
ahí que, como ciudadano, haya que recordarles que: ¡ustedes también son
Estado, y lo saben!
Eugenio Luján Palma – Filósofo
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